Breve Análisis Crítico de la Ley del Presupuesto General del Estado 2025:
Retos y Perspectivas
La Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 de Bolivia, Ley N.º 1613, ofrece un marco económico y fiscal ambicioso para el año, con varios elementos relevantes en el contexto de la economía boliviana. Desde una perspectiva crítica, se puede analizar considerando los siguientes puntos clave:
1. Tamaño del Presupuesto y Sostenibilidad Fiscal
- Montos Aprobados: El presupuesto agregado se sitúa en Bs369.340 millones, mientras que el consolidado alcanza Bs296.566 millones. Esto indica un aumento significativo en comparación con años anteriores, lo que refleja el énfasis en la inversión y gasto público.
- Endeudamiento Público: Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la emisión de deuda en mercados externos por hasta USD 3.000 millones, además de líneas de crédito contingente con la CAF por USD 400 millones. Aunque estas medidas buscan cubrir déficits fiscales y financiar proyectos clave, incrementan la deuda pública, lo que podría presionar las finanzas estatales si no se acompaña de un crecimiento económico sostenido.
2. Industrialización y Sustitución de Importaciones
- Incentivos Tributarios: Exenciones de IVA para la importación de bienes de capital en sectores estratégicos como agropecuario, industrial, construcción y minería, junto con medidas de apoyo a la producción nacional. Esto es congruente con las políticas de industrialización boliviana, pero plantea interrogantes sobre su implementación efectiva y el riesgo de dependencia en insumos importados.
3. Incentivos a la Reinversión y Alivio Tributario
- Reinversión de Utilidades: Exención del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) para empresas que reinviertan. Esta medida busca estimular la inversión, pero podría favorecer principalmente a grandes empresas y no garantizar un impacto directo en el empleo o el crecimiento de pequeños negocios.
- Facilidades Tributarias: Se reinstauran facilidades para el pago de deudas tributarias, ofreciendo alivio a contribuyentes. Sin embargo, existe el riesgo de fomentar el incumplimiento recurrente lo que obligará a una mayor fiscalización que abrumará a los que si cumplen.
4. Proyectos de Infraestructura
- Vía Férrea Montero-Bulo Bulo: La asignación de recursos para concluir este proyecto, clave para la conexión territorial y comercial, es positiva, pero su ejecución depende de la efectiva recuperación de fondos y garantías asociadas, lo que podría retrasar su finalización.
5. Hidrocarburos y Energía
- Exención de IVA a Hidrocarburos: Aunque busca mitigar costos de importación, puede incrementar la dependencia en importaciones de combustibles fósiles, contrarrestando los objetivos de transición energética.
- Producción de Biodiésel: Las exenciones impositivas para la producción de biodiésel son un paso hacia energías renovables, pero su impacto dependerá de la capacidad local de escalamiento productivo.
6. Abastecimiento Alimentario y Control de Precios
- Las disposiciones para evitar el acaparamiento y encarecimiento de alimentos esenciales son críticas para proteger a los más vulnerables. Sin embargo, su implementación requiere un marco regulatorio claro y mecanismos de fiscalización efectivos.
7. Crítica Global
- Sostenibilidad Económica: El aumento del gasto y la dependencia en deuda externa representan riesgos significativos en un contexto de bajo crecimiento económico y alta dependencia de materias primas.
- Falta de Diversificación Productiva: Aunque existen incentivos para la industrialización, el presupuesto no detalla planes claros para diversificar la economía boliviana, altamente dependiente de hidrocarburos y minería.
- Impacto Social: Las medidas de alivio tributario y programas de apoyo deben evaluar cuidadosamente su impacto real en la reducción de desigualdades y la generación de empleo sostenible.
En síntesis, aunque el PGE 2025 refleja intenciones de reactivación económica e industrialización, su éxito dependerá de una ejecución eficiente, un manejo prudente de la deuda, y de políticas complementarias que fomenten la sostenibilidad fiscal, diversificación económica e inclusión social.
Francisco Javier Nuñez del Prado Medina.
Abogado con más de dos décadas y media de experiencia, con maestrías y estudios de posgrado en Derecho Económico, Empresarial y Corporativo.
